El Partido Popular ante su espejo

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Gari Durán, Ex Senadora, Portavoz de “Familia y Dignidad Humana”, y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO de Baleares.

No se espera de los congresos de un partido en el Gobierno más interés informativo ni más debate que el de los nombramientos del nuevo Comité Ejecutivo y del resto de órganos que de él dependen y, como mucho, la lectura en clave territorial y personal que ofrece la foto resultante sobre cómo se va a repartir el poder en el partido desde ese momento.

Por eso, el XVIII Congreso del Partido Popular suscita bastante menos morbo que el happening de Vistalegre II de Podemos, en el que parece que vaya a dirimirse la I Internacional, o la tournée precongresual de un PSOE dividido entre lo que fue, lo que pudo ser y el posible adyacente.

Un partido en el Gobierno no muestra sus costuras como lo ha hecho el PSOE, ni debate en clave personal como lo está haciendo Podemos. Las controversias se amortiguan y las diferencias se callan, de modo que sólo parece objeto de discusión si María Dolores de Cospedal seguirá siendo secretaria general o si Mariano Rajoy dará pistas sobre su sucesión (o no). Pero, a pesar de esa aparente calma y de que no haya líderes catódicos batiéndose en Twitter, la realidad es que lo que se debería discutir en el congreso del PP tiene bastante más enjundia que las diferencias de concepto entre pablistas y errejonistas, y las historias de un PSOE en busca de autor.

En primer lugar, porque el Partido Popular se define como la gran casa del centroderecha. En él caben todas las sensibilidades a la derecha de lo que fue el PSOE (o de Ciudadanos, según se tercie); y, lo que es más importante, no contempla a nadie a su derecha. Es por tanto el partido de referencia de todos aquellos españoles que se consideran de derechas y de centroderecha.

En segundo lugar, porque algunas de las cuestiones tradicionalmente defendidas por el PP y que han venido conformando esa identidad en la que la mayoría de sus votantes se reconocen, se han puesto en duda en los últimos años. Por acción u omisión, asuntos como el liberalismo económico, la bajada de impuestos, la defensa del no nacido, de las libertades individuales y otras que se enarbolaron desde la oposición, han sido olvidadas por la vía de los hechos.

Paralelamente, se han ido imponiendo cuestiones ajenas a esos principios, acogiéndose a la necesidad de acompasarse al signo de los tiempos, que son directamente deudoras de la ideología de género. Cuestiones tales como los vientres de alquiler o las leyes LGTBI, apoyadas o auspiciadas por el PP en los parlamentos autonómicos, sin un debate congresual previo, han conseguido que no sólo no se amplíe la base electoral del PP -como parecía pretenderse-, sino que muchos votantes y militantes no se sientan identificados con el proyecto actual.

De modo que en su XVIII Congreso, si se permite realmente debatir honestamente las enmiendas presentadas sin las triquiñuelas habituales en este tipo de foros -los pactos, movimientos de compromisarios, el voto por territorios, etcétera- nos encontraremos con que una parte del PP, que no está en los órganos de dirección, se ve obligada a recordar al partido actual quién ha sido y quién es, y con qué proyecto se identifican sus electores. Lo tienen que hacer vía enmienda compromisarios que, en su gran mayoría, ya no ocupan cargos orgánicos, con lo que su capacidad de mover el voto en las comisiones está muy limitada. A ello se suma que el reglamento interno de los congresos prevé que sea la organización quien distribuya a los compromisarios entre las distintas comisiones, de modo que salvo imprevistos, el resultado de la votación de las distintas enmiendas es fácilmente deducible.

Han sido muchas las presentadas;no obstante, me gustaría citar algunos asuntos que en ellas se tratan y que muestran de manera evidente hasta qué punto mucho de lo ocurrido durante la X Legislatura, y especialmente a lo largo del periodo que ha transcurrido desde entonces, ha condicionado la ideología del PP o la aparente ausencia de la misma.

En una de dichas enmiendas se solicita la posibilidad del voto en conciencia basado en las convicciones profundas de quien debe emitirlo. Ese voto, ya contemplado en las democracias de nuestro entorno, en sí mismo, y sin necesidad de estar justificado por algún tipo de convicción, debería ser considerado una muestra de apertura y de regeneración de la vida democrática por cuanto supondría alguna limitación a la disciplina de voto, la cual, aunque supuestamente necesaria, casa mal con un sistema de democracia representativa.

No siempre son las convicciones profundas -que erróneamente se confunden con las religiosas- las que pueden justificar el voto en conciencia. El mero hecho de no querer contravenir un programa electoral que es, a la postre, el compromiso que se tiene con el elector, es de por sí un motivo más que suficiente para votar en conciencia. Habrá ocasiones en las que ese cumplimiento sea imposible o inconveniente, pero en ambos casos quien debe emitir su voto ha de conocer el motivo y, salvo imponderables, poder explicarlo a sus electores y a los afiliados, sobre todo cuando ese incumplimiento supone, a la vez, actuar en contra de lo que siempre se ha defendido y de lo que se ha hecho bandera cuando se estaba en la oposición.

En cualquier caso, la limitación de la disciplina de voto y la obligación de responder ante los afiliados y los electores del incumplimiento del programa electoral o de cualquier acto que contravenga los principios recogidos en los estatutos del partido son, bajo mi punto de vista, dos medidas de higiene democrática imprescindibles en cualquier formación política, si se quiere acabar con la desafección que existe entre representantes y representados.

Las enmiendas presentadas sobre el artículo en el que se hace referencia al derecho a la vida van en el mismo sentido. Decir que se defenderá “el derecho a la vida” y quedarse ahí es lo mismo que no decir nada. Incluso a pesar de haber incumplido el compromiso reiterado de derogar la Ley Aído teniendo mayoría absoluta para hacerlo, que tras ese “derecho a la vida” se incluyese “desde su concepción hasta su muerte natural” implicaría una declaración de principios, incluso una muestra de que ese compromiso no se ha olvidado. La ambigüedad de la redacción, junto con el incumplimiento de la derogación de la citada ley, ¿debe hacernos pensar que el Partido Popular opta ahora por una ley de plazos? ¿Debemos concluir que se va asumir lo que no hace mucho se consideraba inconstitucional?

La cuestión de los vientres de alquiler se encuadra -junto con la aprobación en los parlamentos autonómicos de las leyes LGTBI- entre aquellos temas que, siendo de un calado ideológico capital, se han impuesto en el partido, sin debate previo.

No figuraba en la ponencia social, pero el hecho de que se hayan presentado enmiendas sobre ese tema obliga al debate y sería un error eludirlo, porque -como ya han señalado los tribunales europeos- no es un tema menor ni sobre el que se pueda frivolizar considerándolo una manera más de aumentar la natalidad. Hablamos de la dignidad de la mujer y de la compraventa de seres humanos, no de algo que pueda sujetarse a modas ni a las necesidades de colectivo alguno.

Es posible que en el XVIII Congreso se opte por modificar finalmente la ideología del PP para “ajustar principios éticos” en nombre de una falsa modernización que, en ningún caso, abarcará las estructuras del partido ni su funcionamiento interno (porque eso sí que es intocable). Pero si algo así ocurre, espero que se haga con la claridad suficiente para que todos los que formamos parte del mismo, sepamos, en adelante, a qué atenernos.

Artículo publicado el 7 de Febrero de 2017 en el diario “El Mundo”

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