Separatismo y educación

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Luis Peral es Economista, Abogado, Ex Diputado Autonómico y Senador del PP, y actualmente Secretario de “Familia y Dignidad Humana”.

Cuando una nación llega a un momento decisivo de su Historia en el que están en peligro su integridad territorial y el respeto a sus normas constitucionales de convivencia no sólo es preciso adoptar, sin demora y sin vacilación, todas las medidas imprescindibles para defenderlas sino también preguntarse sobre las causas que han contribuido a esa crítica situación. Así lo hizo el Reino Unido cuando en 1939 decidió plantar cara al nazismo, tras siete años de infructuoso apaciguamiento.

El desafío que el separatismo catalán plantea a España no ha nacido en este siglo, tiene orígenes históricos sobradamente conocidos y se ha visto reforzado en los últimos treinta años, en los que el sistema educativo en Cataluña ha contribuido a fomentar en las nuevas generaciones el desapego, la desconfianza y la deslealtad hacia España y hacia los demás españoles. La presencia entre los docentes de soberanistas catalanes ha sido un hecho creciente que, en mi opinión, explica en buena medida el incremento en votos de ERC: de un diputado en el Congreso de 1977 a 2004 (y ninguno de 1986 a 1993) a los nueve diputados actuales. Los libros de texto han contribuido a resaltar entre los alumnos catalanes las diferencias con otras partes de España, minimizando una Historia común de más de 2.000 años, desde la Hispania romana. En una intervención en la Comisión de Educación del Senado el 28 de mayo de 2009 expuse algunos ejemplos que, si no fueran síntomas de algo muy grave, se enmarcarían en lo grotesco.

Ese separatismo excluyente en la Educación se ha visto reforzado por una concepción «progre» de la Historia, muy extendida en la izquierda política y pedagógica y no sólo en España, en la que toda la evolución del mundo anterior a la Revolución Francesa es una mera antesala de lo que realmente importa: las grandes transformaciones sociales, las revoluciones y los enfrentamientos ideológicos de los siglos XIX, XX y XXI. Esto favorece diluir la historia común de tantos siglos y «tunear» a la medida de los prejuicios ideológicos o separatistas la historia de España, cual genuino «Ministerio del Tiempo».

Esa misma izquierda política y pedagógica demanda hace tiempo la eliminación de la Lomce, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de la que fui Ponente en el Senado en 2013. No siendo descartable que algunos artículos de dicha Ley pudieran ser modificados si se logra un Pacto Educativo, una de las líneas rojas debería ser el artículo que establece, entre los objetivos de la Educación Primaria, el que los alumnos conozcan «los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura», superando un localismo que ha convertido a muchos jóvenes en pequeños «hobbits» que nada conocen más allá de los límites de «La Comarca».

Y de cara a ese Pacto Educativo, me atrevo a proponer que, si hay que cambiar las leyes, se dé acogida, con las modificaciones imprescindibles, al artículo 50 de la Constitución de la II República: «Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción de primer y segundo grado de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo…».

Este artículo provino de la aceptación, el 22 de Octubre de 1931, de una enmienda defendida por Don Claudio Sánchez Albornoz y firmada por 15 diputados, entre ellos Lluis Companys y otros cinco nacionalistas catalanes. Claudio Sánchez Albornoz dijo en su intervención: «Esta enmienda no responde exactamente al pensamiento de ninguno de los firmantes. Con la mira puesta en el porvenir de la República y de España… hemos cedido cada uno… porque se trata de algo trascendental para la vida de España… Si nos equivocamos al resolver este problema, habremos hecho un grave daño a la República y a España». Y así se llegó a una solución mucho más razonable sobre el español como lengua de enseñanza que la existente en la normativa actual, a la que nos ha conducido la intransigencia del nacionalismo catalán en su actitud discriminatoria con aquellos padres que desean que sus hijos reciban enseñanza en su lengua materna castellana.

Con patriotismo y sinceridad, debemos identificar todas las causas de la crisis a la que nos enfrentamos, reconocer lo que se pudo hacer mejor y poner las bases para que las futuras generaciones reciban una educación que refuerce lo mucho que nos une a los españoles, la Historia compartida, la solidaridad necesaria y el futuro al que tienen derecho todos los jóvenes de España.

Artículo publicado en el diario ABC el 28 de Septiembre de 2017

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